El Gobierno de Perú evalúa la implementación de una figura conocida como ‘grupos hostiles’ para responder a organizaciones criminales que operan en el país, en medio de una creciente ola de inseguridad. Esta propuesta surge tras un violento secuestro en Trujillo, La Libertad, donde un empresario fue capturado y cuatro personas perdieron la vida.
La situación generó una rápida reacción gubernamental. El primer ministro Luis Galarreta defendió la necesidad de que el Congreso otorgue facultades legislativas al Gobierno en materia de seguridad. Además, el Ejecutivo busca fortalecer las capacidades de inteligencia y considerar nuevas herramientas para enfrentar a estas organizaciones.
La violencia registrada en Trujillo ha sido catalogada por funcionarios del Gobierno como uno de los incidentes más graves del primer mes del mandato de la presidenta Keiko Fujimori. La utilización de armamento sofisticado y la táctica organizada de los delincuentes han suscitado inquietud sobre la magnitud de su operación.
La noción de clasificar ciertos grupos como ‘grupos hostiles’ ha cobrado relevancia en el debate de seguridad. Esta clasificación tiene como fin identificar organizaciones criminales que, debido a su nivel de organización y capacidad de fuego, representan una amenaza seria al Estado. De implementarse, permitiría que las Fuerzas Armadas intervinieran de acuerdo a un marco jurídico específico.
El concepto de ‘grupo hostil’ está fundamentado en el Decreto Legislativo N.° 1095, que regula la acción de las Fuerzas Armadas en conflicto interno. La propuesta implica un análisis detallado de cómo aplicar este marco a organizaciones criminales que destacan por su capacidad de fuego.
Adicionalmente, el Gobierno busca mejorar la operatividad de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) para anticiparse a las actividades criminales y desarticular sus estructuras. Se enfatiza que la labor de inteligencia debe ser proactiva en lugar de reactiva para ser efectiva.
A medida que se discuten estas nuevas medidas, la actuación de la Policía Nacional ha sido objeto de críticas, especialmente en torno a su respuesta al ataque en Trujillo. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, ha enfrentado cuestionamientos sobre su liderazgo tras el incidente.
La crisis de seguridad también ha llegado al Congreso, donde se han solicitado informes sobre las acciones gubernamentales en respuesta a los recientes crímenes. Este panorama también ha reavivado el debate sobre la dirección de la Policía.
Mientras el Gobierno contempla medidas que van más allá de simplemente realizar capturas, también se hace hincapié en golpear los sistemas económicos que permiten a las organizaciones criminales operar, con el fin de bloquear sus fuentes de financiación y asegurar un enfoque integral ante la problemática de la inseguridad.
Fuente: www.infobae.com
