El yacimiento petrolero Sea Lion, situado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, ha reavivado la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El presidente Javier Milei anunció la firma de un decreto para agilizar sanciones contra empresas asociadas al proyecto, replicando acciones previas de la Cancillería.
La tensión se ha incrementado tras comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, quien insinuó una posible revisión de la postura estadounidense sobre las Islas Malvinas. Esto ocurre en un contexto diplomático delicado, especialmente después del reciente triunfo argentino sobre Inglaterra en el Mundial 2026, donde jugadores mostraron una bandera que decía «Las Malvinas son argentinas». En este marco, el Gobierno argentino ha abierto un proceso sancionador contra 45 individuos y empresas por actividades petroleras supuestamente ilegales en Malvinas.
Un detalle menos conocido ha emergido: uno de los contratos de Navitas Petroleum para el desarrollo de Sea Lion es con Bluewater Energy Services, la empresa a cargo del buque Aoka Mizu, plataforma que iniciará la producción en el yacimiento. Bluewater, que se especializa en sistemas flotantes y fue establecida en 1978, también fabricó monoboyas para el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un proyecto de exportación de crudo que busca duplicar las exportaciones de petróleo argentino.
Las monoboyas, que atravesaron el Estrecho de Ormuz, están programadas para llegar a Punta Colorada, Río Negro, a finales de octubre. Según Horacio Marín, presidente de YPF, esto representa un avance crucial en el cronograma, aspirando a incrementar la producción y las exportaciones.
El decreto firmado por Milei no introduce nuevas sanciones, sino que reglamenta la ley 26.659, aplicada previamente a las operadoras de Sea Lion. Esta ley ahora se extiende a accionistas y proveedores, con penas que oscilan entre cinco y 20 años de inhabilitación. La legislación exige que cualquier incumplimiento sea informado a la Cancillería en cinco días hábiles, y establece una declaración jurada obligatoria para acceder al régimen de incentivos para grandes inversiones.
El desarrollo de Sea Lion contempla más de 60 pozos submarinos con una inversión proyectada de USD 3.900 millones. Navitas, por su parte, firmó varios contratos al momento de la Decisión Final de Inversión (FID), reforzando su compromiso con el proyecto, mientras que la asociación con Bluewater está bajo un nuevo escrutinio tras las recientes decisiones gubernamentales.
Fuente: www.infobae.com
