La Junta de Andalucía continúa su confrontación con el Gobierno central en torno al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, mientras asegura que no renunciará a los fondos asignados a la comunidad. La consejera Rocío Díaz destacó que su conflicto legal no implica una renuncia a los 1.200 millones de euros que corresponden a Andalucía.
Díaz expresó su postura durante una visita a Lupión (Jaén), donde supervisó obras de ocho viviendas protegidas. Ante las preguntas de los medios sobre el conflicto, la consejera dejó claro que plantear el conflicto de competencias no significa que Andalucía renuncie al dinero destinado a vivienda. El Gobierno andaluz alega que la regulación del plan no respeta la distribución de competencias definida por la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
En relación con la financiación del programa, la consejera enfatizó que los 7.000 millones anunciados para el Plan Estatal de Vivienda no provienen exclusivamente del Ejecutivo central, afirmando que “el Gobierno de España no pone 7.000 millones” en el plan y que su contribución es “casi la mitad”. Según Díaz, a Andalucía le corresponde, por población, casi 1.200 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento será proporcionado por la Junta.
Díaz subrayó que la comunidad desempeña un papel esencial en la financiación del programa y que el conflicto planteado con el Estado no debe ser interpretado como un rechazo a los recursos destinados a la vivienda. “Eso no significa que nosotros hayamos renunciado a ese dinero. Todo lo contrario”, afirmó.
La Junta de Andalucía ya ha comenzado a preparar los pasos necesarios para implementar las ayudas. Díaz indicó que su departamento ha enviado el convenio de colaboración al Ministerio y que está revisando dicho convenio para poder firmarlo en los próximos meses y poner en marcha las ayudas, que serán tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía. “Hemos multiplicado por seis los fondos que incorporamos en el anterior plan”, añadió.
Los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 están destinados a que las comunidades autónomas puedan lanzar nuevas políticas públicas en el ámbito de la vivienda. Con una inversión total de 7.000 millones de euros hasta 2030, el plan tiene como objetivo mejorar la oferta de vivienda asequible y se basa en tres líneas fundamentales: más construcción, más rehabilitación y más protección. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana inició en agosto la transferencia de 800 millones de euros del plan a las comunidades autónomas, marcando el comienzo de su aplicación.
El plan también representa un cambio en la orientación respecto a políticas anteriores, buscando que la inversión pública en vivienda tenga un impacto duradero y evitando que “ni un solo euro más se destine a viviendas que en el futuro se puedan privatizar”.
Fuente: www.infobae.com
