La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) podría llevar a la salida de miles de hondureños de Estados Unidos, afectando significativamente la economía de Honduras.
La proyección realizada por el economista Santiago Herrera indica que esta situación puede resultar en la pérdida de hasta 380 millones de dólares por disminución en el envío de remesas. Las remesas son cruciales para la economía nacional; en 2025, Honduras recibió aproximadamente 12 mil 100 millones de dólares en remesas, que son fundamentales para cubrir necesidades básicas de miles de hogares, incluyendo educación, salud y alimentación.
La posible salida forzada de beneficiarios del TPS que residen y trabajan en Estados Unidos podría reducir severamente estos ingresos, impactando tanto a las familias receptoras como a distintos sectores económicos que dependen del consumo alimentado por las remesas. Para muchas familias hondureñas, estos envíos representan una fuente vital de sustento, y una reducción sostenida en estos recursos podría limitar su capacidad de consumo y cumplimiento de compromisos económicos.
Además, la cancelación del TPS plantea el reto del retorno de compatriotas que han establecido sus vidas laborales y familiares en Estados Unidos. Su llegada requeriría la creación de condiciones que optimicen su reintegración al mercado laboral hondureño, aprovechando sus conocimientos y experiencias. Esta reinserción podría ser uno de los mayores desafíos para las autoridades, que tendrían que implementar políticas que fomenten la generación de empleo, impulsando programas de emprendimiento y facilitando la incorporación de retornados a las actividades productivas.
El desafío no solo radica en encontrar empleo, sino también en generar oportunidades que permitan a quienes regresan utilizar las habilidades adquiridas durante su estancia en Estados Unidos. Especializaciones, experiencia empresarial y habilidades técnicas podrían ser un recurso valioso para la economía nacional, siempre y cuando existan mecanismos adecuados para facilitar su integración.
En este contexto, el futuro se presenta incierto para miles de hondureños bajo el TPS. Para ellos, la posibilidad del regreso implica un cambio en sus proyectos de vida y para Honduras, una preparación para integrar una población que podría requerir empleo, vivienda y servicios. Así, el reto se duplica: afrontar una potencial reducción de remesas y atender las necesidades de quienes retornen, lo que podría ejercer presión sobre una economía que ya depende en gran medida del dinero enviado desde el extranjero.
Frente a esta situación, es crucial que las autoridades diseñen medidas proactivas. La implementación de programas de capacitación, acceso a financiamiento y apoyo al emprendimiento podrá facilitar la transición de los retornados y reducir el riesgo de que la falta de oportunidades aumente la vulnerabilidad de sus familias. También se debería establecer mecanismos para identificar las capacidades profesionales y técnicas de los hondureños que regresan.
Fuente: www.infobae.com
