El gobierno de Abelardo de la Espriella está trabajando en un decreto que podría forzar la salida de empleados públicos pensionados, con un énfasis particular en los docentes. Esta medida, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, tiene como objetivo facilitar el relevo generacional en la administración pública.
El decreto se encuentra en desarrollo y se espera que permita el retiro de aquellos que, a pesar de recibir una pensión, continúan activos en sus posiciones. Aunque no se ha hecho público el texto oficial ni la fecha de publicación, ya ha generado preocupación entre sindicatos y gremios educativos, especialmente dentro del magisterio.
Según información de medios, Restrepo ha confirmado que esta propuesta es parte de una estrategia más amplia para crear oportunidades para nuevas generaciones en el sector público. Sin embargo, la medida plantea interrogantes sobre los derechos pensionales de los afectados, quienes actualmente cuentan con la posibilidad de permanecer en sus cargos hasta los 70 años, según la Ley 1821 de 2016. Esta ley establece que “la edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen funciones públicas será de setenta (70) años”.
La discusión también involucra el concepto de desvinculación de empleados que ya reciben pensión, mencionado en el Concepto 139191 de 2023 de la Función Pública, que establece que la obtención de una pensión puede ser causa de desvinculación, siempre y cuando se notifique correctamente la inclusión en la nómina de pensionados. Esto está sustentado por la Ley 797 de 2003 y la Ley 100 de 1993.
En cuanto a su impacto específico en los docentes, la legislación actual permite a ciertos profesores seguir laborando hasta la edad de retiro forzoso, aunque esto no aplica a todos por igual. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) ha delineado diferencias según los regímenes de cada docente, lo que afecta la permanencia laboral y el acceso a la pensión.
Asimismo, existen excepciones en el Decreto 222 de 2023 que permite el reintegro de algunas posiciones específicas, como ministros y directores de departamentos administrativos. Aún queda mucho por aclarar sobre cómo se aplicará este decreto y sus implicaciones sobre los docentes y otros servidores públicos.
Fuente: www.infobae.com
