La Veeduría por la Verdad y la Justicia radicó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación el 27 de julio de 2026 respecto a anomalías en el contrato del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín, liderado por la administración del alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez.
La denuncia abarca también solicitudes de investigación a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en busca de determinar si hubo detrimento en el proceso identificado como SPO 2025-7, el cual fue adjudicado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) a Tecnologías de la Información y Pago Integrado S.A.S. (Tipi). Este contrato incluye la provisión de servicios especializados para implementar y operar el ecosistema tecnológico del sistema de movilidad de Medellín, con un plazo de 15 años y un esquema de pago a demanda.
Uno de los principales señalamientos de la veeduría se enfoca en la presunta falta de publicación de documentos precontractuales en el Secop, plataforma oficial de contratación estatal. Esto, según la organización, habría limitado la transparencia y el control ciudadano en un proceso de alto impacto financiero para el distrito. “Nuestro equipo de abogados, especialistas en contratación estatal, encontró hallazgos que ameritan una investigación seria por parte de las autoridades competentes”, declaró un vocero de la veeduría, enfatizando que la ley exige garantizar la publicidad y la transparencia en la contratación pública.
El análisis también señala otros aspectos que requieren aclaración, como la estructura contractual de 15 años y el valor indeterminado del contrato, así como el cambio en el modelo de operación, que anteriormente estuvo bajo la gestión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y que ahora es operado por la ESU y luego tercerizado. La ausencia de estudios previos y otros informes de soporte impide verificar el cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad, según lo estipulado en la Constitución Política y leyes como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 2195 de 2022.
La veeduría reiteró que su función es activar los mecanismos legales de control sin emitir juicios anticipados. “Nuestra labor no es condenar ni anticipar responsabilidades. Nuestra obligación es denunciar para que las autoridades investiguen y determinen si existieron posibles irregularidades o delitos contra la administración pública”, afirmaron. En este sentido, se subrayó que la omisión de la publicación de documentos es un incumplimiento de la Ley 2195 de 2022, que exige transparencia en la contratación estatal.
Entre los puntos a investigar, la organización mencionó la posible existencia de conflictos de interés y si la falta de documentación pública impidió el control del proceso. Además, se está llevando a cabo una investigación nacional que involucra otros megacontratos en Medellín, Cali y Cartagena, en la que abogados especialistas en contratación estatal están colaborando pro bono para contribuir a la defensa del patrimonio público.
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