Los diputados del partido Semilla presentaron la iniciativa 6839 en el Congreso de Guatemala para establecer un Digesto Jurídico Nacional. Este sistema, que se ofrecería de manera gratuita, busca consolidar y actualizar la legislación actual.
La propuesta tiene como objetivo abordar la dispersión de leyes, reglamentos y acuerdos que actualmente están distribuidos entre diversas fuentes oficiales y sistemas privados. Si se aprueba, el Digesto entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y estaría integrado en el sitio web del Organismo Legislativo, funcionando como un sistema de consulta y referencia.
Durante la presentación de la iniciativa, el diputado Raúl Barrera destacó que la plataforma permitiría a la población acceder de manera gratuita a todas las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes. Barrera mencionó que el costo actual de una suscripción privada para acceder a esta información es de Q2.095, lo que calificó de «inaceptable». El diputado afirmó: «Esta iniciativa de ley busca garantizar un derecho que el Estado ha negado, el conocimiento actualizado de las leyes y reglamentos».
El Digesto Jurídico Nacional no reemplazaría al Diario de Centro América ni generaría, reformaría o anularía normas existentes. Su función sería organizar y facilitar la consulta de información jurídica, siendo que prevalecería siempre la fuente oficial en caso de discrepancias. La plataforma permitiría a los usuarios buscar leyes o reglamentos, identificar su fuente oficial y consultar sus modificaciones a lo largo del tiempo.
El proyecto promueve un enfoque gradual en su implementación, dando prioridad a las normas de mayor jerarquía e impacto público, y asegurando su compatibilidad con dispositivos móviles. Incluye la cobertura de la Constitución, tratados vigentes, decretos del Congreso, reglamentos y acuerdos del Ejecutivo, así como sentencia de inconstitucionalidad y jurisprudencia.
Según lo planteado, el Congreso de la República será el encargado de administrar esta plataforma, a través de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa. Se utilizarán archivos y sistemas tecnológicos existentes, y las instituciones productoras de normas deberán enviar sus disposiciones en formato procesable.
En resumen, esta iniciativa busca establecer un sistema nacional de información jurídica para que la población acceda a la legislación del país de manera sencilla y gratuita, sin depender de suscripciones privadas.
Fuente: www.infobae.com
