El 23 de junio de 2026, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá reabrió el proceso de injuria y calumnia que Gustavo Petro inició contra Andrés Pastrana. Esta decisión se fundamentó en un mensaje publicado en noviembre de 2023 que va más allá de la crítica política, indicando la imputación de conductas punibles.
La reactivación del caso surge tras la consideración de nuevas pruebas, entre ellas publicaciones de Pastrana entre mayo y septiembre de 2025, que contienen terminologías como «narcotraficante» y «dictadorzuelo». Estas declaraciones fueron evaluadas como un patrón de ataques contra Petro y su administración.
El conflicto legal se desencadenó por un tuit de Pastrana del 28 de noviembre de 2023, donde acusaba a Petro de vinculación con el narcotráfico bajo la supuesta premisa de «paz total». A pesar de que en agosto de 2025 la Fiscalía había ordenado archivar provisionalmente el caso por falta de elementos probatorios, la defensa de Petro solicitó en dos ocasiones la reapertura del mismo, siendo la primera desaprobada en octubre de 2025. 
Los acontecimientos cambiaron cuando, el 18 de febrero de 2026, se solicitó nuevamente el desarchivo del caso y esta vez fue aceptada por el Juzgado 60 Penal Municipal. La defensa de Pastrana, liderada por el penalista Julián Quintana, apeló esta decisión, pero la jueza Andrea Rodríguez Torres ratificó la reactivación del expediente.
Un argumento presentado por la defensa de Pastrana fue que el mensaje en cuestión realizaba críticas al gobierno y no directamente a Petro. Sin embargo, el juzgado refutó esta interpretación, señalando que el uso de la etiqueta «@petrogustavo» individualizaba directamente al presidente. Según la jueza, la afirmación sobre la «fusión con el narcotráfico» sugiere la implicación en actuaciones ilícitas, citando el artículo 396 A del Código Penal sobre financiación de campañas electorales con recursos prohibidos, lo cual va más allá de una crítica política general.
La decisión del juez incluyó la valoración de las publicaciones posteriores como nuevas evidencias, lo que indica un patrón reiterativo de ataque hacia Petro sin que existan investigaciones previas en su contra. Hasta el momento, ninguna de las partes ha emitido declaraciones sobre el futuro del proceso o las acciones de sus equipos legales.
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