El Mundial de Fútbol ha culminado, pero la infraestructura de vigilancia y control implementada durante el torneo podría perdurar en México, según organizaciones civiles. Este aviso fue emitido en la presentación del informe «Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026».
El documento revela patrones de represiones y criminalización de protestas, así como restricciones al espacio público y un aumento en las capacidades de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes del torneo organizadas en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Josefa Gómez, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, destacó que estos registros son cruciales, ya que existe preocupación de que las garantías de derechos sean flexibilizadas permanentemente: “Nos preocupa que una vez que esas garantías ya se flexibilizaron, ya no haya vuelta atrás”, comentó.
Uno de los hallazgos más notables tuvo lugar en Jalisco, donde el presupuesto para vigilancia durante el torneo incluso superó el destinado a la búsqueda de personas desaparecidas. Según Gina Díaz Martínez, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el anexo presupuestario para búsqueda aumentó un 172.68%, aunque ella lo calificó como una “ilusión presupuestal” ya que más del 90% de ese crecimiento se concentró en el C5 y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. No obstante, los recursos no contribuyeron a la búsqueda en campo, identificación forense ni atención a las familias afectadas. El presupuesto del C5 se elevó de 6.8 millones de pesos en 2025 a 1,345 millones de pesos en 2026, priorizando la videovigilancia y tecnologías de monitoreo: “Mientras tenemos fosas clandestinas multiplicándose (…) el Estado prefiere gastar en camaritas inteligentes para vigilar las avenidas de tránsito”, cuestionó Díaz, recordando que Jalisco es el primer lugar nacional en personas desaparecidas desde 2019.
Durante el mes de junio, las organizaciones registraron 50 incidentes de protesta, 18 de los cuales llevaron a cabo en Ciudad de México. La presencia de agentes estatales fue constatada en 40 de los casos verificados, así como patrones diferenciados de contención, que incluyeron encapsulamientos de familias que buscaban respuestas ante la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas y un aumento de la violencia contra maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). Gómez también indicó que se llevó a cabo una estrategia de estigmatización discursiva que, sin criminalizar abiertamente las protestas, habría servido para minimizar la gravedad del uso de la fuerza.
Además, el informe documentó el hostigamiento a personas en situación de calle en las dos ciudades principales, así como acciones de reordenamiento urbano que afectaron a comunidades indígenas, colonias populares y familias buscadoras en Monterrey. También se reportaron afectaciones a periodistas durante al menos seis protestas, incluyendo 11 agresiones contra mujeres periodistas. Adriana Quiroz, de la Red TDT, cuestionó la falta de un cronograma claro para la finalización de estas medidas de seguridad, sugiriendo que la actuación policial vestida de civil podría estar funcionando como un laboratorio para probar la capacidad de control social.
Este informe surge en un contexto de alerta internacional donde colectivos de derechos humanos y familiares de víctimas, encabezados por Amnistía Internacional, han solicitado a la Asamblea General de la ONU la creación de un “mecanismo extraordinario” para hacer frente a la crisis de desapariciones en México, que ya acumula más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos sin identificar. Estas circunstancias revelan la creciente tensión entre la expansión de la infraestructura de monitoreo en el espacio público y la insuficiente respuesta forense y de búsqueda ante la crisis.
Fuente: www.infobae.com
