La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este recurso surge a raíz de la filtración de la confesión de Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal, destacando la supuesta violación de cinco derechos fundamentales durante el juicio.
El recurso presentado argumenta que los magistrados de la Sala Segunda violaron derechos fundamentales de García Ortiz durante el proceso judicial y en su resolución final. La Fiscalía sostiene que el ex fiscal actuó de acuerdo con su deber de “informar verazmente” y utilizó datos que “ya eran conocidos”, respondiendo a “imputaciones delictivas falsas” que se habían difundido en los medios.
La Fiscalía critica la valoración de las pruebas por parte del Tribunal Supremo, calificándola de “sesgada e irrazonable”. En particular, se cuestiona el testimonio de periodistas que afirmaron no haber recibido la filtración y que confirmaron tener acceso al correo antes de que García Ortiz pudiera hacerlo el 13 de marzo de 2024. Según el recurso, esta omisión vulnera el derecho a la presunción de inocencia del ex fiscal general. 
El escrito también señala una interpretación errónea del derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes, lo que, según la Fiscalía, ha creado una “grave coacción moral” sobre los informadores. Se afirma que esta situación debilita la protección judicial de los investigados si los periodistas no pueden o no quieren desvelar el origen de su información.
Entre las evidencias discutidas figura una llamada de cuatro segundos de un periodista a García Ortiz, la cual no fue respondida y que el propio García Ortiz corroboró al afirmar que estaba en conversación con la jefa de la fiscalía provincial de Madrid en ese momento. La Fiscalía sostiene que esto sugiere una llamada perdida, no una filtración directa.
El recurso también examina el contexto en que se enviaron los correos con la confesión de González Amador, destacando que la urgencia por recopilar y enviar esos documentos no era para filtrar información, sino para contrarrestar rumores provenientes del entorno de la Comunidad de Madrid. Además, cuestiona la tesis del Supremo sobre la existencia de un “círculo reducido” con acceso al correo filtrado, argumentando que el documento era accesible a un gran número de personas.
La alusión a un “entorno” de García Ortiz en la sentencia es criticada por la Fiscalía por no especificar quiénes forman parte de ese grupo ni cómo habrían accedido al correo. En cuanto a los derechos fundamentales, se denuncia la violación del derecho a la intimidad y a un proceso justo debido al registro en la oficina del ex fiscal general, calificado como “ilegal” y autorizado sin los criterios adecuados.
Adicionalmente, se menciona una nota de prensa emitida en marzo de 2024 que desmentía informaciones falsas sobre el caso. La Fiscalía argumenta que la condena a García Ortiz por esta comunicación infringe el derecho a conocer la acusación y el principio de legalidad, ya que la información ya era de dominio público.
El Tribunal Constitucional ahora debe decidir si admite el recurso y si procede revisar la condena contra el ex fiscal general en medio de un debate en torno a la información pública, el secreto profesional y las garantías en el proceso penal.
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