Las elecciones presidenciales de Perú han evolucionado en los últimos años para convertirse en un referéndum sobre la Constitución, especialmente su enfoque económico. Existen voces que critican este régimen, argumentando que restringe la capacidad del Estado para intervenir en la economía y limita las oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, esta perspectiva ignora los logros significativos alcanzados bajo el régimen económico actual. Desde 2004 hasta 2019, la pobreza en Perú disminuyó de 58.7% a 20.2%, lo que resultó en que aproximadamente nueve millones de peruanos superaron la pobreza. Aunque la pandemia y la subsiguiente recuperación han sido desafiantes, las condiciones favorables para la inversión privada, que creció a doble dígito en 2025, han permitido reiniciar el proceso de reducción de la pobreza.
La esencia de este régimen radica en fomentar la creación de riqueza a través de la iniciativa privada, todo en un contexto de estabilidad. Bajo la Constitución de 1993, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y respetar las reglas que permiten a individuos y empresas decidir sobre la producción y el uso de recursos en una economía de mercado. 
Los artículos 61 y 65 dictan que es deber del Estado salvaguardar la libre competencia, combatir abusos de poder económico y proteger a los consumidores. El artículo 62, por su parte, asegura la protección de contratos entre entidades privadas de la injerencia de políticos. Estas disposiciones respaldan el desarrollo empresarial y el aumento del bienestar general.
Para que la iniciativa de hogares y empresas prospere, es crucial que el Estado mantenga la estabilidad macroeconómica. Un artículo notable en este contexto es el 84, que prohíbe que el Banco Central de Reserva del Perú financie al tesoro público. Históricamente, antes de esta prohibición, el gobierno presionaba al banco para cubrir déficits fiscales, lo que resultó en hiperinflación en los años ochenta, alcanzando un 7,650% en 1990. Alterar o eliminar esta norma presentaría un riesgo inaceptable para la economía peruana.
Otra área de controversia es el artículo 60, que limita las actividades empresariales del Estado. Los críticos de estas restricciones argumentan que sin empresas estatales la producción y distribución de ingresos serían desiguales. Sin embargo, durante los años ochenta, el país tuvo más de 180 empresas públicas, que causaron pérdidas del 2.6% del PBI anualmente. Actualmente, el costo para los contribuyentes por el apoyo financiero a Petroperú asciende a S/32 mil millones desde 2013, planteando la pregunta sobre la justicia de arriesgar la provisión de salud, educación, justicia e infraestructura para financiar empresas con problemas financieros.
La defensa del régimen económico actual se fundamenta en su capacidad para promover la iniciativa tanto de empresas como de individuos, garantizar la estabilidad económica y establecer roles claros para el sector público en la prestación de servicios a los ciudadanos. Las brechas persistentes en el país son reflejo de un Estado que no ha cumplido plenamente con sus responsabilidades. No obstante, la significativa reducción de la pobreza resalta el impacto positivo de las reglas estipuladas en la Constitución en la creación de riqueza y la mejora del bienestar general de los peruanos.
Джерело: www.infobae.com
